• Impide el cumplimiento de la misión, visión y objetivos estratégicos institucionales. Imposibilita la toma de decisiones debido a que la emisión de información no es clara, confiable, exacta y oportuna. Incumplimiento en los objetivos constitucionales y legales del INSTITUTO. Implica pérdida patrimonial. Afecta la continuidad de las operaciones, sin la posibilidad de operar por más de un mes.

    Interrupción total de los sistemas de información. Deterioro de la imagen institucional o daño reputacional ante la ciudadanía de manera internacional.

  • Impacta sustancialmente el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Interrupción prolongada del proceso, con posibilidad operar en menos de un mes. Desconfianza en la emisión de información. Puede ocasionar daño patrimonial y/o reputacional al INSTITUTO ante la ciudadanía. Interrupción intermitente de los sistemas de información. Se incurre en posibles responsabilidades administrativas y/o penales.

  • Impacta el cumplimiento de los objetivos del proceso. Interrupción corta del proceso, con la posibilidad de renovar su operación en menos de dos días. Errores advertidos externamente (por un ente fiscalizador). Incurren en incumplimientos normativos que pueden ser atendidos en el corto plazo. Daño reputacional al interior del Instituto del área encargada de administrar, ejecutar y dar seguimiento al proceso.

  • Causa un daño en el patrimonio o imagen institucional, que se puede corregir en el corto tiempo y no afecta el cumplimiento del objetivo del proceso o de los objetivos estratégicos. Desviación en la normatividad aplicable que puede implicar un impacto poco relevante. Errores advertidos internamente. Interrupción del proceso que no afecta considerablemente la operación del mismo. Daños en la operación que pueden ser corregidos de manera inmediata.

  • Riesgo que puede ocasionar pequeños o nulos efectos en la operación del proceso o en el INSTITUTO. Dificulta la ejecución del proceso de forma adecuada, provoca afectaciones mínimas.